La sentencia desestima el recurso de casación interpuesto por el recurrente (padre de la menor) en el que solicitaba que se casara la sentencia de la Audiencia Provincial en la que se establecía la custodia exclusiva de la hija menor de edad y se acordara la custodia compartida de la niña. Afirma el TS que “En el presente supuesto, la sentencia recurrida, revocando la de primera instancia, valora que el interés superior de la niña queda mejor protegido si está bajo la custodia de la madre. Atiende para ello a las circunstancias del caso que desaconsejan la custodia compartida” y que “la sentencia recurrida no ha vulnerado el principio de protección del interés superior del menor, sino que lo ha aplicado de forma razonada, suficiente y conforme a la doctrina jurisprudencial y constitucional, primando en todo momento el bienestar y el interés concreto de la niña sobre cualquier expectativa legítima -pero subordinada- del progenitor, sin incurrir en ninguna infracción normativa ni interpretativa que pueda justificar la estimación del recurso”.

En esta sentencia, el TS aplica el canon reforzado de motivación de las resoluciones judiciales por afectación del interés superior del menor en los regímenes de guarda, custodia y visitas en contextos de violencia de género, y estima el recurso de casación interpuesto por el padre contra la sentencia dictada por la Audiencia provincial, por entender, con el Ministerio Fiscal, que la sentencia recurrida no cumple el canon reforzado de motivación que reclama la protección del interés superior de los menores en contextos de violencia familiar, y que es igualmente exigible cuando quien genera ese contexto no es uno de los progenitores, sino la nueva pareja de uno de ellos, como es el caso, pero afecta a los niños porque forman parte del núcleo de convivencia en el que esa violencia se ejerce.

En este pleito, iniciado por un padre que solicita una prestación por nacimiento y cuidado del menor en un supuesto de filiación no matrimonial, el TS declara que “el hecho causante en una prestación por nacimiento y cuidado del menor solicitada por un progenitor, en el caso el padre, cuya filiación biológica no matrimonial se ha declarado por sentencia firme dictada en el orden jurisdiccional civil con posterioridad al nacimiento, en esta situación la fecha de dicha sentencia, y no la del nacimiento, es la que determina la normativa aplicable a los efectos de duración de la prestación según lo dispuesto en la disposición transitoria decimotercera sobre aplicación paulatina del artículo 48 en la redacción dada por citado el Real Decreto-ley 6/2019.”

En el supuesto, se debate la aplicabilidad o no del art. 94 CC, concluyendo el TS que “En este caso, el episodio de violencia de género acaeció cuando el menor no había nacido, y existen dudas razonables sobre la pendencia de un procedimiento de tal clase cuando han transcurrido más de siete años sin su enjuiciamiento. No existe constatación de que exista actualmente latente o enquistada una situación de violencia de género con su natural repercusión negativa sobre la persona del menor.
Por todo ello, en función del conjunto de las razones expuestas procede ratificar la fijación del régimen de visitas, si bien con las prevenciones que se dirán, sometidas a efectivo control judicial, con la posibilidad, en su caso, de dejar sin efecto la comunicación entre padre e hijo en el caso de incumplimiento de la presente resolución judicial, así como en atención a la evolución del comportamiento del padre y sus relaciones con su hijo menor.

A pesar de lo expuesto, el Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso de casación interpuesto por la demandante puesto que la Audiencia provincial había acordado un régimen progresivo de visitas del padre que dejaba en manos de los técnicos del Punto de Encuentro la ampliación del régimen de visitas, que opera, en palabras del TS, “sin un efectivo y real control judicial”. En consecuencia, dispone que tendrá que ser “una resolución judicial, adoptada tras audiencia delas partes, la que en su caso establezca la ampliación del régimen de comunicación entre padre e hijo”.

La STS desestima un recurso de casación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra la sentencia dictada en apelación, en la que se había acordado el restablecimiento parcial del régimen de visitas, suspendido en primera instancia, a favor del padre respecto de su hija. En la sentencia se resume la argumentación esgrimida por el Ministerio Fiscal en su recurso, en la que indica que “la sentencia recurrida es contraria al interés de la menor y no valora adecuadamente las circunstancias concurrentes. Considera que es imprescindible tener en cuenta la anterior condena al padre por violencia de género contra la madre de la niña, hecho que fue presenciado por la menor cuando era muy pequeña, lo que puede influir en su desarrollo y estabilidad emocional; también los antecedentes del padre, que fue denunciado por la madre en una ocasión anterior aunque el caso quedó inactivo, y que también fue denunciado por otra pareja anterior; y los informes emitidos por el punto de encuentro donde se realizaron las visitas y que reflejan la falta de interactuación de la niña y su retraimiento, es decir, el escaso vínculo emocional existente, que a juicio de la fiscal permiten concluir que estas visitas no aportan beneficio alguno a la niña y pueden ser perjudiciales desde el punto de vista de su seguridad y
protección.” Tras citar numerosas sentencias, tanto del TS y del TC, el Tribunal Supremo decide en su sentencia desestimar el recurso del Ministerio Fiscal, al considerar que la sentencia dictada por la Audiencia provincial ha valorado cuidadosamente las circunstancias del caso, lo que la lleva a “a descartar la aplicación automática del art. 94.IV CC para evitar la ruptura definitiva del vínculo entre el padre y la hija”.
“El recurso de casación se desestima, en definitiva, porque el régimen de visitas acordado pondera los intereses concurrentes y da un valor preponderante al interés de la niña, dotando al sistema de comunicación establecido a través del punto de encuentro de las necesarias garantías de prevención y protección.”