En el recurso se plantean dos cuestiones que están íntimamente relacionadas: se trata de determinar si, cuando se produce un despido disciplinario de una mujer embarazada en el que no se acredita la causa del despido, la declaración de nulidad que se anuda ineludiblemente a la vulneración del derecho fundamental a la igualdad y no discriminación debe ir acompañada de una indemnización reparadora del daño moral, concluyendo el TS que solo cabría la indemnización en aquellos casos en que se acredita una específica vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación, o de cualquier otro derecho fundamental o libertad pública.

En un supuesto de asesinato a su ex esposa, el acusado recurre en casación y cuestiona, entre otros extremos, que pueda apreciarse la agravante de ensañamiento en su actuación. El TS declara que para apreciar el ensañamiento en el asesinato, es necesario que el autor denote el deseo de causar sufrimientos adicionales a la víctima innecesarios para causar la muerte, que pueden ser sufrimientos físicos e incluso mentales ya que no puede descartarse el ensañamiento moral, que somete a quien lo padece, incluso sin dolores, a una angustia psíquica tan insoportable como el daño físico. Afirma, así, que “La pluralidad de puñaladas, hasta 12, la mayoría innecesarias para ocasionar la muerte, y algunas de ellas especialmente dolorosas como pone de relieve el escrito de impugnación de la acusación particular, y enfatizó la sentencia del Magistrado Presidente, al señalar que el cadáver presentaba cortes en la pierna propios a un mecanismo de producción conocido como de cizalla. El abofeteamiento de la víctima, las expresiones que animaban la acción diciéndole “eres mala” a los que también alude el relato fáctico, o el inevitable sufrimiento psíquico que revela la petición que Coral dirigió a quien había sido su marido para que no la matara a presencia de los hijos comunes, aportan elementos sobrados para sustentar la base fáctica de la agravación apreciada”. Se desestima el recurso de casación.

El TS condena a una mujer que había publicado en su estado de Whatsapp fotos íntimas de otra mujer sin su consentimiento y lo califica como delito de divulgación de imágenes que menoscaban gravemente la intimidad personal de la fotografiada, por considerar que encaja en el tipo penal del art. 197.7, párrafo segundo, del Código penal.

En un procedimiento de divorcio, la juzgadora de instancia aplica la perspectiva de género a la hora de interpretar las normas que regulan la compensación económica y la prestación compensatoria solicitadas por la esposa.

La sentencia resuelve una demanda de fijación de medidas paternofiliales promovido por la madre del hijo menor de los litigantes. El demandado se encuentra en situación procesal de rebeldía, habiendo sido emplazado por medio de edictos. La sentencia de primera instancia estimó en parte la demanda, pero no fijó pensión de alimentos, al desconocerse su situación económica, extremo que fue confirmado por la Audiencia. La madre demandante recurre en casación la madre y la sala estima en parte su recurso, acordando fijar los alimentos en el 10% de los ingresos del padre, lo que genera una deuda a su cargo a determinar en el supuesto de que pueda ser localizado. Justifica su decisión en las siguientes razones: 1ª) La obligación del demandado es indeclinable; 2ª) fue el quien desatendió, desde el principio, las necesidades de su hijo, con patente incumplimiento de una obligación legal; 3ª) no existe constancia actual de sus concretos ingresos como tampoco que se encuentre en una situación de indigencia que le impida satisfacer sus necesidades y colaborar con las propias de su hijo; 4ª) es joven, se encuentra en edad laboral, y estuvo dado de alta en la Seguridad Social en el sector agrario y 5ª) su comportamiento y la situación de incertidumbre creada no puede operar a su favor. La sentencia decide, igualmente, que la prestación alimenticia se devengará desde la fecha de la demanda, sin perjuicio de su liquidación y revisión por modificación de circunstancias una vez se conozcan los ingresos reales del demandado.